El Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay aprobó una ordenanza que declara la emergencia del transporte público urbano de pasajeros en el ejido municipal. La normativa, impulsada por la concejal María Isabel Sola, otorga facultades extraordinarias al Departamento Ejecutivo Municipal con el propósito de afrontar la crisis estructural que atraviesa el sector y avanzar hacia una reorganización integral del sistema de movilidad local.
El objetivo prioritario de la legislación es garantizar la continuidad de un esquema de servicio mínimo esencial para la comunidad, asegurando de forma estricta la conectividad con puntos estratégicos de la ciudad, tales como el Hospital Justo José de Urquiza, los centros de atención primaria de la salud, los establecimientos educativos y las zonas de concentración laboral.
Para alcanzar este fin, la ordenanza dota al Ejecutivo de herramientas excepcionales y dinámicas, facultándolo a:
- Implementar servicios de contingencia transitorios mediante mecanismos administrativos de excepción.
- Modificar y readecuar de forma flexible los recorridos y las frecuencias vigentes en función de la demanda real de los usuarios.
- Incorporar unidades operativas de menor porte al parque automotor para optimizar los costos de circulación.
- Adoptar modalidades de prestación alternativas que resulten más sustentables en el actual contexto económico.
Asimismo, la regulación fija un plazo perentorio de 90 días para que la administración municipal diseñe y presente un plan integral de reorganización del sistema de movilidad urbana, orientado a mejorar la eficiencia, ampliar la cobertura geográfica y asegurar la sostenibilidad financiera del transporte a largo plazo.
Finalmente, con el propósito de garantizar el control institucional y la transparencia en la aplicación de los recursos, la iniciativa establece la creación del Espacio de Participación y Seguimiento de la Movilidad Urbana —conformado por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo— y determina la obligatoriedad de confeccionar y difundir informes públicos de carácter mensual respecto al funcionamiento general del sistema.
